El Imserso y el Comité Paralímpico Español firman un acuerdo para la promoción de las actividades deportivas

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y el Comité Paralímpico Español (CPE) han firmado un Protocolo de Actuación con el que se quiere instaurar una colaboración estable para la promoción de la actividad deportiva en las personas mayores y personas con discapacidad como forma de participación e inclusión social.

Según este Protocolo, firmado por la directora general del Imserso, Mayte Sancho, y el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, las relaciones entre los dos organismos se basarán en la mutua colaboración y el trabajo en red, la transferencia y difusión de información y conocimiento, el intercambio de buenas prácticas y la calidad de los servicios.

El Imserso se compromete a compartir información sobre eventos, publicaciones, convocatorias, proyectos y otros materiales de interés con el CPE; impulsar la actividad deportiva entre los usuarios de la red de centros del Imserso y sus familias; promover el trabajo en red y colaborar con la mejora de la accesibilidad en instalaciones deportivas, así como en el desarrollo de productos de apoyo en el ámbito de la actividad deportiva adaptada.

El CPE, por su parte, promoverá la actividad deportiva, la difusión del ideal paralímpico y la inclusión comunitaria entre los usuarios de la red de centros del Imserso y sus familias. Además, impulsará y apoyará iniciativas de innovación social y buenas prácticas, que favorezcan la participación y el desarrollo de actividades físicas y deportivas de personas mayores, personas con discapacidad y dependientes. En este sentido, designará personas de contacto de referencia para una adecuada coordinación e intercambio de información en materia de deporte inclusivo, accesibilidad en instalaciones deportivas y productos de apoyo para la actividad deportiva adaptada.

Este protocolo no supone gasto alguno, ni dará lugar a contraprestación financiera entre las partes firmantes, por lo que no conlleva incremento del gasto público. Tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo prorrogarse de forma expresa por las partes antes de su vencimiento por un periodo de cuatro años más.
 

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